¿Una nueva etapa de los movimientos sociales del Ecuador? - por Stephanie Barrera

.Por definición los movimientos sociales no son simples medios del cambio social ni la expresión pasiva de tendencias sociales de cambio, sino actores que se involucran activamente en el curso de los acontecimientos con el fin de influir sobre el desarrollo de los mismos. Estos movimientos surgen como una respuesta desde la sociedad civil ante la vulneración de derechos y fracturas estructurales y son consecuencia de tensiones sociopolíticas, que no han sido asumidas como áreas de intervención por parte de las organizaciones políticas de perfil clásico. En este sentido, las organizaciones sociales representan una alternativa de acción política frente a las carencias existentes en las organizaciones de corte convencional.

La Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que arrancó desde el cantón El Pangui (Zamora Chinchipe) el pasado 8 de marzo y terminó en una multitudinaria movilización el 22 del mismo mes en Quito, muestra que más allá del apoyo recibido por las organizaciones políticas a la izquierda del oficialismo, los movimientos sociales se encuentran en una fase de recomposición tras varios años de crisis.
El 22 de marzo marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana. El llamado gobierno de la revolución ciudadana ha dejado de tener el dominio total de la iniciativa en el escenario político nacional, reposicionándose la movilización social como un factor insoslayable, a pesar de su relativa ausencia desde la llegada de Rafael Correa al Palacio de Carondelet. Dicha movilización vuelve a emerger reeditando fórmulas de conducción colectiva en las que están fuertemente implicados los movimientos sociales progresistas y combativos existentes.

Esta nueva realidad actúa en contraposición a las lógicas desarrolladas por el frente político del gobierno, el cual se han caracterizado desde el inicio de su gestión por intentar captar ideológica y clientelarmente a todo tipo de tejido social existente en el país.
La movilización del pasado 22 de marzo es el resultado de un proceso que tiene su inicio en la campaña por el No en el Referéndum/Consulta del 7 de mayo de 2011, donde el gobierno nacional ya recibió una advertencia que ignoró o no supo entender.

Antecedentes inmediatos

Los movimientos sociales han marcado la historia del Ecuador durante la segunda mitad del pasado siglo, disputando su espacio de influencia política en las transformaciones socioeconómicas e institucionales que se han ido dando en el país. Son identificables diferentes momentos o etapas en función del protagonismo de los actores sociales: movimientos campesinos en la década de los 50 y 60; movimientos estudiantiles en los años 70; movimiento obrero en las décadas de los 70 y 80; y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales a partir de los 90, con el protagonismo indiscutible del movimiento indígena.
El protagonismo político y social del movimiento indígena como paradigma de los nuevos movimientos sociales que se reproducían por otras áreas del planeta, les llevó incluso al acceso al poder en el año 2003 y a su correspondiente contradicción consecuencia de la crisis de legitimidad del sistema político ecuatoriano. Lo indicado con anterioridad generó la pérdida de centralidad política del movimiento indígena e impacto a lo interno de la organización, provocando una crisis en el movimiento de la cual aun se está en fase de superación.
La aparición en febrero del 2006 de Alianza PAIS y el posterior desarrollo del fenómeno correísta, generó aun más contradicciones al interior de las organizaciones sociales. Gran parte de las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales se veían plasmadas en el Plan de Gobierno del Movimiento PAIS 2007-2011, condición que inhabilitó en parte el quehacer cotidiano de este espectro político no institucional.La convocatoria de la Asamblea Constituyente en 2007 y la gestación de la actual Carta Magna ecuatoriana a través de un importante proceso de participación social, conllevó que los movimientos sociales posicionaran estratégicamente su eje de acción en torno a dicho proceso. La metodología aplicada para la elaboración de la Constitución permitió que las organizaciones sociales introdujeran gran parte de sus postulados en los debates constituyentes, satisfaciendo las pretensiones de la mayoría de estas .Así, se plasmaron en la Constitución de 2008 gran parte de las agendas de lucha de las organizaciones sociales en el ámbito ambiental, económico, socio político, laboral, ciudadano, cuestiones de género, participación social o la reivindicación de plurinacionalidad.
Esto significó que en la campaña por la aprobación de la Constitución, referéndum que tuvo lugar el 28 de septiembre de 2008, coincidieran la mayoría de movimientos sociales junto a organizaciones políticas como Izquierda Democrática, Partido Socialista – Frente Amplio, Pachakutik, Movimiento Popular Democrático, Partido Comunista y el oficialista Alianza PAIS.
La subsidiaridad de los movimientos sociales a la lógica política que se desarrollaba en ese entonces no ayudó a la reconstrucción y empoderamiento de estos, dejándolos en una posición subalterna respecto a la política institucional.
El operativo represivo en Dayuma y todo lo referente al tema ambiental y la gestión de recursos naturales, incluyendo el debate sobre la consulta previa, fueron los temas más conflictivos en la relación entre los movimientos sociales y la nueva institucionalidad correísta durante ese período.
Las fracturas comenzaron a volverse más evidentes, a medida que el gobierno avanzaba en el tratamiento de varios proyectos de ley. A poco más de año y medio en funciones, en noviembre de 2008 el gobierno presentaba la Ley de Minería en la comisión legislativa, desatándose a partir de entonces una serie consecutiva de movilizaciones que conducirían al distanciamiento sin retorno de diversos movimientos sociales, en particular el movimiento indígena, respecto al oficialismo.