Históricamente nuestra lucha social ha constituido la reivindicación y posicionamiento de nuestros Derechos Humanos, los Derechos Económicos y Políticos, la defensa de los Derechos de la Naturaleza, los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y el Derecho a una Vida Libre de Violencias contra las mujeres, en todas sus expresiones.
En los actuales momentos de reforma institucional y normativa jurídica que vive el Ecuador, las organizaciones de mujeres y feministas, consideramos que las Leyes que se están implementando en el país deben dar estricto cumplimiento a los mandatos de la Constitución 2008, sobre protección y garantía de los Derechos Humanos y específicamente de los Derechos de las Mujeres. No al contrario, que en lugar de contribuir al avance e implementación de una nueva institucionalidad que garantice la construcción de la igualdad para las mujeres, la recorta y desmantela.
En esta formulación de las Leyes tiene importancia vital el Código Orgánico Integral Penal que está concebido como un código punitivo que intenta “disciplinar” a la población ecuatoriana, dentro de un control que favorece la implementación de un estado represivo y controlado por el poder ejecutivo, que criminaliza el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución y la expresión de los movimientos organizados que buscan la real implementación del buen vivir; que criminaliza la libre determinación de los cuerpos y específicamente los cuerpos de las mujeres, negando nuestro derecho a las soberanías y al libre ejercicio de nuestras sexualidades; que criminaliza la pobreza y los intentos de la diversidad de mujeres empobrecidas y excluidas, para organizarse, hablar y actuar juntas contra todas las explotaciones, discriminaciones y opresiones.
Para nosotras todas, mujeres del campo y la ciudad, indígenas, mestizas, montubias, afro ecuatorianas, profesionales, trabajadoras del hogar, estudiantes, lesbianas, campesinas, jóvenes, adultas, de la tercera edad, trans, con otras capacidades, este nuevo intento de controlar nuestras vidas, nuestra libertad para decidir, nuestra posibilidad de vivir una vida sin violencias, con plenitud de soberanías, de territorios, es una clara muestra de cómo el poder se ejerce desde arriba y sin consultarnos.
Sabemos que este Código Penal va acompañado de nuevos procesos de acumulación y explotación, de avance de la frontera extractiva en el país, pero también de una profundización de las formas de control sobre nuestras decisiones y sobre nuestros cuerpos. Este proyecto de Código Orgánico Integral Penal intenta crear un marco normativo que posibilite la criminalización de organizaciones y dirigentas/dirigentes. El proyecto de COIP pretende reformular el sistema de justicia para convertirlo en uno que acentúa el castigo a mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinas y campesinos, a las y los más pobres del país, para todas y todos quienes con nuestra sola existencia develamos los límites estructurales de este gobierno.
Al impulsar un proyecto de Código Penal como el actual, el poder denota cómo pretende destruir los territorios y las relaciones de hermandad que permitirían construir nuevas formas de organizarnos. No sólo quiere volver nuestras tierras espacios privados para empresas mineras, petroleras, camaroneras, de agronempresas, madereras, pesqueras y florícolas, sino que además procura ser dueño de nuestros primeros y más cercanos territorios: NUESTROS CUERPOS. Le urge romper nuestras relaciones comunales, solidarias, para controlarnos y volvernos miedosas, subordinadas y silenciosas. Necesita anular nuestro derecho a decidir, a vivir sin violencias; necesita callarnos, sin permitir que seamos nosotras quienes decidamos ser o no madres y en qué circunstancias, tratando incluso de obligarnos a asumir embarazos no deseados y productos de violaciones.
donde fue fundado
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