Siete días después, militantes y simpatizantes del Movimiento Popular Democrático (MPD) vuelven al Consejo Nacional Electoral (CNE). Ahí dejaron el miércoles pasado argumentos para no ser borrados del mapa electoral y hoy regresan, pero con un plantón.
Es solo una de sus acciones para mostrar al Consejo que “la militancia del MPD está activa y que el partido se encuentra en plena vigencia”, comenta Luis Villacís, su máximo dirigente.
El fin de semana se hicieron asambleas provinciales.
Mañana presionarán por Twitter y la otra semana con una marcha. Y durante lo que queda de este mes y el próximo harán ‘acampadas MPDistas’, revestirán casas con banderas de la agrupación.
Independientemente, el MPD prepara su convención nacional. Villacís aclara que ese evento se venía coordinando desde el 17 de mayo, antes de la resolución del CNE de eliminar a la agrupación del registro. Se realizará el 27 de septiembre próximo en Cuenca. “En esa reunión nacional se debatirán el accionar político del partido y las perspectivas de las elecciones del 2017, y se elegirá a la nueva directiva del partido”.
En vigilia permanente sobre el análisis que realiza el CNE están también las otras tres agrupaciones en riesgo de ser eliminadas.
El Prian, según su dirigente Freddy Bravo, está pendiente del trámite que lleva adelante la coordinación jurídica del CNE. Espera una respuesta ‘sensata’ del Consejo, frente a la intención de anular al partido.
El movimiento Ruptura, dijo María Paula Romo, apelará al Tribunal Contencioso Electoral si no haya una respuesta favorable a la petición.
Continuar exponiendo a la opinión pública la supuesta ilegalidad e inconstitucionalidad de la resolución es otra de sus acciones.
El roldosista Abdalá Bucaram Pulley reveló que conoce que dentro del CNE hay un debate fuerte frente a los argumentos presentados por los grupos políticos en las audiencias y que mañana se reuniría el CNE para tomar la resolución; pero ayer en el Consejo Electoral no conocían de una posible convocatoria para esta semana.
Volvió a advertir a los consejeros que la queja puede elevarse a cortes internacionales por la supuesta violación del derecho a la participación política.
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